A pedido de la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo de la Honorable Cámara de Diputados, el Directorio de la Comisión Nacional de la Competencia emitió la Opinión del Directorio D/09/2021 sobre el proyecto de ley "Que modifica la Ley N° 1119/97 De productos para la salud y otros", que agrega un artículo 49 estableciendo con rango legal la exigencia de una distancia mínima entre farmacias.
La opinión observa que los fundamentos expresados en la exposición de motivos no se reflejan en el texto del proyecto de ley y que, además, no se acredita que los fundamentos expresados en dicha exposición de motivos estén plenamente justificados.
Se observa además que la distancia mínima entre farmacias está actualmente establecida por una resolución del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, basada en la necesidad de facilitar el acceso a medicamentos a la población a través de la distribución geográfica de las farmacias, aunque existen alternativas que alrededor del mundo han logrado la meta del acceso cercano a farmacias sin recurrir a regulaciones puramente basadas en distancias mínimas.
La opinión concluye recomendando a la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo dictaminar por el rechazo del proyecto de ley; y al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a realizar un estudio sobre los efectos de la implementación de la medida, abrogándola en caso de no estar debidamente justificada sobre la base de los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación. La Comisión Nacional de la Competencia podrá colaborar en este estudio en base a sus funciones en cuanto a estudios económicos.
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La Dirección de Investigación concluye que la operación supone un obstáculo para una competencia efectiva en los mercados al crear posición dominante, aunque entiende que los obstáculos no son insalvables y se recomienda autorizar la operación siempre que los obstáculos sean superados.
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En su Opinión, el Directorio concluyó que el proyecto de ley restringe la competencia, derecho constitucional garantizado por el artículo 107 de la Constitución Nacional, al establecer en los artículos 7°, inciso e) y 8°, incisos g), h), i) y j) el requisito de que las constructoras que realicen obras con recursos proveídos a través del FONAVIS sean exclusivamente MIPYMES.
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